Antes de que mis lectores se enfaden suponiendo por el título de este blog que he cambiado mis lealtades, aclaro que le otorgo la razón al presidente López Obrador sólo parcialmente. Sí, la democracia en México es disfuncional, pero no porque el Instituto Nacional Electoral (INE) sea autónomo como él lo piensa sino porque esta autonomía está constreñida por el poder legislativo, es decir por los partidos políticos. En efecto, son los partidos representados en el Congreso los que, a fin de cuentas, eligen a los miembros del Consejo General del INE en negociaciones fuera del ojo público. Ello ha tenido consecuencias negativas como veremos a continuación. Para corregir este problema, el país tiene que avanzar hacia una nueva ronda de reformas electorales que otorguen autonomía al INE respecto al legislativo y los partidos políticos.

Son los partidos representados en el Congreso los que a fin de cuentas eligen a los miembros del Consejo General del INE en negociaciones fuera del ojo público.

Examinemos el problema de cerca.

El objetivo de la transición democrática mexicana (1977-1996) fue en buena medida crear autoridades electorales autónomas respecto al poder ejecutivo. Este fue un proceso discontinuo que empezó en 1977 con la la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE)  y terminó con la reforma electoral “definitiva” de 1996, la cual finalmente cercenó los lazos del ejecutivo con la autoridad electoral. En el lenguaje político de rigueur de la época, el INE se había “ciudadanizado”. ¿Pero sucedió eso realmente? Algunos creemos que no. Para ser precisos y en buen español, lo que la reforma de 1996 determinó fue que el ejecutivo no tendría ya voz ni voto en el Consejo General del INE, y que en adelante su Consejo estaría formado por un representante por partido sin derecho a voto y seis consejeros ciudadanos propuestos por los partidos en el Congreso.

En el lenguaje político de rigueur de la época, el INE se había “ciudadanizado”. ¿Pero sucedió eso realmente? Algunos creemos que no.

¿Es eso “ciudadanizar” la autoridad electoral? En aquel tiempo se pensó que sí en virtud de que los consejeros electorales fueron invitados del medio académico y periodístico: Alonso Lujambio, Juan Molinar, Jacqueline Peschard, Jaime Cárdenas Gracia, Mauricio Merino, José Barragán, Emilio Zebadúa, y José Woldenberg como consejero presidente.

En retrospectiva, eso no parece una verdadera “ciudadanización” de la autoridad electoral. Lo que realmente vemos es que estos académicos y periodistas prestaban su prestigio a los partidos. ¿A cambio de qué se preguntará usted? Primeramente, y porque todo hay que decirlo, por un cheque a fin de mes. Segundo, y más importante supongo, salir de las aulas universitarias y tener un acercamiento a la política real, esa de la que habían escrito y enseñado por años. Tercero, prestigio profesional que tarde o temprano podrían hacer efectivo en su vida laboral. Una situación ganar-ganar. ¿O no?

Lo que realmente vemos es que estos académicos y periodistas prestaban su prestigio a los partidos. ¿A cambio de qué se preguntará usted?

Pues no.

La inicial buena voluntad de los partidos para elegir consejeros medianamente imparciales muy pronto se desvaneció. Los mismos aspirantes a consejeros también dejaron de ser invitados y cada vez fueron más los individuos que activamente buscaban un sillón en el Consejo del INE. Luis Carlos Ugalde, presidente del INE entre 2003 y 2007 lo explica en sus memorias de la elección presidencial de 2006 tituladas “Así lo viví”:

“Desde 1996, cuando se nombró a los primeros consejeros, yo había buscado serlo. Era un cargo con prestigio desde el cual podía impulsar muchas de mis convicciones democráticas, sobre las que solía escribir y enseñar en las aulas universitarias. Había esperado con paciencia una nueva oportunidad. En 2002 me habían considerado como candidato a comisionado del recién creado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), pero decliné para intentar, una vez más, ser consejero electoral. Había planeado la estrategia con detalle y platicado con legisladores y miembros de todos los partidos. Muchos me veían con simpatía y me habían confiado que las probabilidades de serlo eran altas. Pero nada era seguro. Había decenas de candidatos, todos ellos con mérito y amplia experiencia.”

La inicial buena voluntad de los partidos para elegir consejeros medianamente imparciales muy pronto se desvaneció.

¿Se imaginan ustedes a un árbitro de futbol cabildeando con los directores técnicos y jugadores para pitar una final de Copa del Mundo? Sería raro por decir lo menos.

Tal vez no se daban cuenta de ello Ugalde y los otros candidatos, pero habían entrado de lleno al juego político del Congreso donde lo que rige son las negociaciones, las traiciones, las dobles traiciones, las cuotas de poder, las zancadillas bajo la mesa, etc. Ugalde lo dice cuando recuerda la forma en que fue notificado de su designación para ser presidente del INE nada más y nada menos que por la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elba Esther Gordillo: “Que la lideresa del PRI hiciera la llamada final para preguntarme si aceptaba ser votado como presidente del INE, no parecía la ruta más transparente para elegir a los miembros del órgano encargado de regular a los partidos.”

Tal vez no se daban cuenta de ello Ugalde y los otros candidatos, pero habían entrado de lleno al juego político del Congreso.

Ugalde aceptaría la invitación y sería ratificado en el Congreso por las bancadas del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), pero no por la del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de López Obrador. De nuevo, en retrospectiva, Ugalde llama a esto su “pecado original” y le atribuye en buena medida el fiasco de la elección de 2006:

“Ese pecado legislativo sería uno de los argumentos para que, en 2006, López Obrador cuestionara la elección, como muchos lo anticiparon esa tarde del 31 de octubre de 2003. Los costos del fracaso de la negociación, lejos de recaer en la propia Cámara de Diputados, se trasladaron al INE, a los consejeros, y en especial a mi persona, en los días, meses y años subsecuentes.”

En retrospectiva, Ugalde llama a esto su “pecado original” y le atribuye en buena medida el fiasco de la elección de 2006.

A día de hoy seguimos en lo mismo. Los consejeros del INE siguen siendo percibidos como marionetas de los partidos en el Congreso, justa o injustamente. Son la cara más amable, “ciudadana”, y académica de sus intereses. Y muchos candidatos a serlo son individuos sin escrúpulos dispuestos a hacerles el juego a cambio de un plato de lentejas.

La solución a este problema no es quitarle al legislativo la facultad de nombrar a los consejeros del INE y ponerla en manos del poder judicial como sugiere López Obrador. Primero porque no es su función, y segundo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está siendo colonizada por su gobierno. La verdadera solución está en crear mecanismos para crear un Consejo General del INE autónomo con respecto a los partidos en el Congreso. Pienso, por ejemplo, en los mecanismos que sugiere la contraportada del libro de Hélène Landemore titulado “Democracia Abierta: Reinventar el gobierno popular para el siglo XXI”:

“Para los antiguos griegos, la democracia significaba reunirse en público y debatir las leyes establecidas por una asamblea seleccionada al azar de varios cientos de ciudadanos. Para los vikingos islandeses, la democracia significaba reunirse todos los veranos en un campo para discutir temas hasta que se alcanzara un consenso. Nuestras democracias representativas contemporáneas son muy diferentes. Los parlamentos modernos están cerrados y vigilados, y parece que sólo ciertas personas, con el traje, el acento, la riqueza y las conexiones adecuadas, son bienvenidas. Al diagnosticar lo que está mal con el gobierno representativo y con el objetivo de recuperar parte de la apertura perdida de las antiguas democracias, Democracia Abierta presenta un nuevo paradigma de democracia en el que el poder es genuinamente accesible para los ciudadanos comunes.”

La solución a este problema no es quitarle al legislativo la facultad de nombrar a los consejeros del INE y ponerla en manos del poder judicial.

Tampoco es que sea tan exótico o complicado este asunto. El INE mismo designa a sus funcionarios de casilla por el método de insaculación: al azar y a la vista de todos.

Momento pues de pensar en una nueva ronda de reformas electorales que finalmente logren un Consejo General del INE lo más autónomo, funcional, imparcial, y ciudadano que se pueda. Aunque me queda claro que algunos no comparten este objetivo, sea por ideología o intereses particulares.