El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, han dado un giro hacia una visión sultanista del poder. Un régimen político que se caracteriza por la manera de ejercerlo: de forma exhaustiva y autoritaria, como si fuesen los dueños del país.

Aunado a lo anterior, las medidas aplicadas durante los últimos meses se acercan a un anhelo de ejercer un régimen a perpetuidad, y reflejan la falta de interés por aplicar una democracia plena que incorpore un sistema de pesos y contrapesos. 

Daniel Ortega ha sido líder de Nicaragua durante varias ocasiones. Primero, fue figura clave de la Revolución Sandinista de 1979 que acabó con la seguidilla de gobiernos dirigidos por la familia Somoza. Luego, fue presidente durante los años 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 hasta el día de hoy. Durante su cuarto mandato que inició en 2017, Ortega ha enfrentado un creciente descontento social, con una sociedad que clama por mayor apertura. Sin embargo, estos reclamos han caído en oídos sordos y, muy por el contrario, provocaron una agresiva reacción de la dupla Ortega-Murillo en diferentes ámbitos.

Durante su largo mandato, la dupla Ortega-Murillo ha enfrentado un creciente descontento social, con una sociedad que clama por mayor apertura. Estos reclamos, sin embargo, han caído en oídos sordos.

Por ejemplo, en las protestas populares de abril de 2018, los actos violentos derivaron en fallecidos y desaparecidos. Asimismo, algunos medios de comunicación fueron cerrados debido a su orientación, e inclusive hubo periodistas arrestados y encarcelados. Hoy, la situación continúa deteriorándose mediante la puesta en vigencia de nueva legislación. 

En este sentido, en enero de 2021, entró en vigor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual prohíbe el “financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.  El objetivo de este texto genera temor sobre el futuro de los grupos disidentes en Nicaragua, incluyendo organizaciones de la sociedad civil. También establece una interrogante sobre la futura operación de organizaciones que defienden los derechos humanos, las cuales pueden depender de la ayuda internacional.

Otro ejemplo es la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre de 2020, que impone de dos a cinco años de cárcel a quien publique o difunda información falsa, “que produzca alarma, temor, zozobra en la población”, perjudique el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia o ponga en peligro el orden público o la seguridad soberana. Esta legislación afianza un mecanismo de represión discrecional y deja en manos de jueces la aplicación de penas severas para definir lo que es verdad. Una ley verdaderamente orwelliana.

La Ley Especial de Ciberdelitos promovida por Ortega afianza un mecanismo de represión discrecional y deja en manos de jueces la aplicación de penas severas para definir lo que es verdad. Una ley orwelliana.

Este ejercicio del poder autoritario y represivo no suele tener un buen final, ya que estimula y genera una serie de eventos que canalizan la descomposición institucional y social. Ejemplos como el de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana nos recuerda que la represión no solamente no se justifica de ninguna manera, sino que sirve de caldo de cultivo que puede llevar a un estallido social y más violencia. De esta forma, no podemos esperar que las medidas represivas aplicadas en Nicaragua lleven al país a un buen cauce en materia de estabilidad política y social. Por el contrario, es de esperar mayor descontento y manifestaciones por parte de la población.

Este ejercicio del poder autoritario y represivo no suele tener un buen final. Ejemplos como el de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana nos recuerda que la represión puede llevar a un estallido social y más violencia.

Ante el presente escenario poco alentador, ¿cómo se puede corregir o atenuar el panorama visible? Una respuesta dependerá del rol que asuman los países vecinos, los cuales podrían tomar una posición más activa en cuanto a la situación política y social en Nicaragua.

Por una parte, Costa Rica, como tradicional defensor de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática, ha buscado los mecanismos a nivel internacional para denunciar la situación vivida en Nicaragua. Este es el objetivo que Costa Rica históricamente ha defendido y promulgado en la región centroamericana. Por más difícil que la situación se torne, Costa Rica no debe renunciar a una valiente defensa de los principios democráticos y de un sistema de respeto a las libertades individuales, incluida la libertad de expresión. 

Costa Rica, como tradicional defensor de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática, ha buscado los mecanismos a nivel internacional para denunciar la situación vivida en Nicaragua.

Por otra parte, se encuentran los países aliados al régimen de Ortega, como Cuba y Venezuela. Estos, si bien respaldan a Ortega, podrían tener un rol de mediadores en el mejor de los escenarios. Difícil imaginarlo, pero la posibilidad existe. 

Tercero, se encuentra Estados Unidos. Durante el gobierno de Donald Trump, el país norteamericano y algunos de sus líderes catalogaron a Ortega como un dictador. Al momento, sin embargo, nos encontramos a la expectativa de las señales que la administración Biden tomará para contrarrestar una mayor erosión de los derechos humanos y la libertad de prensa en Nicaragua.

Como vecino continental, Canadá podría liderar un rol de defensor de la democracia en Nicaragua. Canadá ha impuesto sanciones a miembros clave del gobierno de Nicaragua en respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en el país centroamericano. Este liderazgo se podría catalizar por medio de la discusión que se siga desarrollando en la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual inste a la liberación de presos políticos, a la garantía de procesos electorales legítimos según los estándares internacionales y al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, los países de la región podrían promover un grupo continental equivalente al Grupo de Lima, el cual aborde la situación en Nicaragua. El Grupo de Lima ha discutido la situación política y social acaecida en Venezuela y cuenta con una activa participación regional. No pareciera ocurrir lo mismo en el caso nicaragüense, cuya situación no ha sido tan ampliamente abordada. 

Los países de la región podrían promover un grupo continental equivalente al Grupo de Lima, el cual aborde la situación en Nicaragua. Al momento, sin embargo, la situación no ha sido tan ampliamente abordada en foros continentales.

Nicaragua realizará su proceso electoral presidencial el 7 de noviembre de 2021. Las medidas que atentan de forma absoluta contra las libertades públicas que está aplicando su gobierno generan gran incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral a realizarse. Estas elecciones son claves debido a que definen la perpetuidad del régimen de Ortega y Murillo, y ponen sobre la mesa el riesgo que ello conlleva en la convivencia democrática en Centroamérica durante los próximos años. Mal vamos.