El 28 de abril de este año inició el Paro Nacional en Colombia. Se trata de una serie de multitudinarias manifestaciones y marchas en contra del gobierno del presidente Iván Duque en diversas ciudades del país. Estas protestas se han realizado incluso en medio de uno de los picos más altos de la pandemia de COVID-19. El gobierno ha interpretado las protestas, en su mayoría pacíficas, como un problema de orden público y ha estigmatizado a los manifestantes. Se ha sugerido, por ejemplo, que el paro es financiado por grupos armados, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o fuerzas extranjeras. Como resultado de ello se ha reforzado el pie de fuerza, y en el marco de estas actividades el país ha vivido una ola de violencia sin precedentes en su historia reciente. 

El gobierno ha interpretado las protestas, en su mayoría pacíficas, como un problema de orden público y ha estigmatizado a los manifestantes.

Al día 11 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportaba 42 muertos durante las protestas y los enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) —amén de un rosario de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Estas violaciones a los Derechos Humanos han sido ampliamente documentadas y han generado rechazo a nivel nacional e internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ONGs como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y la prensa internacional han condenado lo que está ocurriendo. Estos hechos revelan una crisis estructural en lo político, lo económico, y lo social.

Al día 11 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportaba 42 muertos durante las protestas. Estos hechos revelan una crisis estructural.

¿Cómo fue que llegamos a esto? Se ha atribuido el origen de las protestas a la propuesta de reforma tributaria del gobierno, misma que tenía como objetivo subir los impuestos indirectos en productos básicos y otros tradicionalmente exentos. Todo ello en medio de una crisis económica y social sin precedentes. Sin embargo, el Paro Nacional en realidad refleja un descontento generalizado que se empezó a formar en las masivas protestas del año 2019, y que responden a una  crisis que se ha venido gestando por décadas y se ha acentuado por los efectos de la pandemia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), en lo que va del 2021 el desempleo aumentó al 16 por ciento y la pobreza monetaria al 43. No sorprende pues que el 64 por ciento de los colombianos considera que su situación económica es peor que el año pasado. La situación es tan crítica que de acuerdo con el DANE, una cuarta parte de los hogares del país consume sólo dos raciones de alimentos al día y 180,000 sólo una vez. Si bien, como resultado de las protestas la reforma fue retirada y el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia, las protestas no han parado y por el contrario han tomado más fuerza. 

El Paro Nacional refleja un descontento que se empezó a formar en las protestas del año 2019, mismas que responden a  una crisis que se ha venido gestando por décadas y se ha acentuado por los efectos de la pandemia.

Al Paro Nacional se han sumado comunidades indígenas, sindicatos, educadores, transportadores, diversos grupos que se han visto afectados por los efectos de la privatización de los sistemas de salud y pensiones. Pero también constituye una forma de protesta frente a la falta de oportunidades para acceder a la educación universitaria, al mercado laboral, y a los servicios de salud de calidad. Todos estos fenómenos ponen en evidencia la significativa y creciente desigualdad en el país. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Colombia al decil de familias con menores ingresos en el país le tomaría en promedio once generaciones alcanzar el nivel de ingreso de una familia de clase media, mientras que el promedio para los países de esta organización les toma cinco.

Todos estos fenómenos ponen en evidencia la significativa y creciente desigualdad en el país.

En términos de seguridad, la situación no es mejor. Desde el año 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional que encabezaba el entonces presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) estima que 904 líderes sociales y 276 excombatientes han sido asesinados.

¿Qué podemos esperar en las siguientes semanas? Claramente, el país no volverá a ser el mismo. Contrario a la apuesta del gobierno de que las protestas se disipen, me parece que no se detendrán. En efecto, en medio de un escenario incierto observaremos manifestaciones cada vez más grandes y expresiones más diversas. Por lo tanto, será fundamental identificar claramente las demandas de la sociedad civil, y no sólo las de los de sectores políticos tradicionales. Adicionalmente, es importante reconocer que si bien las protestas se han sentido en las calles, también han estado presentes en las redes sociales que constituyen ahora nuevos escenarios para el activismo y la actividad periodística, más allá de los medios tradicionales de comunicación. Que el Paro continúe aumentará las tensiones ya existentes y tendrá implicaciones en el quehacer político, económico, deportivo, y diplomático del país en medio de la creciente presión internacional. 

¿Qué podemos esperar en las siguientes semanas? Contrario a la apuesta del gobierno de que las protestas se disipen, me parece que no se detendrán.

¿Qué debe hacer el gobierno? No existe una salida fácil para esta crisis. Sin embargo, es posible realizar en el corto, mediano, y largo plazo acciones para mitigar los efectos de la misma, teniendo en cuenta que en el año 2022 se realizarán elecciones presidenciales y legislativas. Algunas de ellas incluyen:

1. Que el gobierno proteja y garantice el derecho legítimo a la protesta, condene el uso excesivo de la fuerza en contra los manifestantes, dé celeridad a los procesos de investigación a los implicados, y realice las reparaciones que sean necesarias. En especial revisar el comportamiento del ESMAD y su excesivo uso de la fuerza, ya que este elemento fue incluido dentro de las recomendaciones de la OCDE durante el proceso de ingreso de Colombia a dicha institución. 
2. Desde la presidencia se debe promover y facilitar una franca, directa, honesta, y abierta conversación con la sociedad civil que reconozca la compleja realidad de millones de colombianos. Esto con el objetivo de generar un consenso social que vincule a las fuerzas políticas y que permita mejorar las actuales condiciones de la sociedad. 
3. Cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz. 
4. En el mediano y largo plazo se deben destinar recursos para la implementación de políticas de desarrollo. Los colombianos no necesitan medidas asistenciales, necesitan transformaciones estructurales que generen oportunidades para los ciudadanos.