El pasado 28 de febrero se realizaron las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Los resultados confirmaron las encuestas electorales previas a las elecciones, en las cuales, el partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo un triunfo abrumador con la mayoría absoluta del Congreso, equivalente a dos terceras partes de los escaños. Ello supone un espaldarazo a sus políticas que han sido cuestionadas por múltiples actores, desde organizaciones sin fines de lucro, hasta autoridades del gobierno de los Estados Unidos. 

¿Qué ganó Bukele luego de estos apabullantes resultados? Este triunfo le abrió las puertas para incidir en los nombramientos de entes con los cuales ya ha enfrentado controversias, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Contraloría. Precisamente, la destitución por parte de la Nueva Asamblea Legislativa de El Salvador el pasado 1 de mayo de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, confirman la gravedad de la situación política ante la búsqueda de Bukele de concentrar todo el poder. Estos magistrados habían ofrecido resistencia a normas relacionadas con el manejo de la pandemia por considerarlas que vulneraban los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La destitución por parte de la Nueva Asamblea Legislativa de El Salvador de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirman la gravedad de la situación política

Estos acontecimientos nos llevan a la discusión de regímenes políticos “híbridos”, en particular, lo que Steven Levitsky y Lucan A. Way definen como “autoritarismo competitivo”. De acuerdo con estos autores, en los regímenes autoritarios competitivos, las instituciones democráticas formales son ampliamente consideradas como el principal medio para obtener y ejercer la autoridad política. Sin embargo, con medidas paulatinas de naturaleza legal, y que aparentan ser “inocuas”, quienes ostentan el poder logran violar esas reglas con gran frecuencia y en tal medida, que el régimen termina por no cumplir con los estándares mínimos convencionales que deberían estar presentes en una democracia. Y en medio de este proceso, el partido gobernante logra inclinar la balanza acorde con sus intereses. El gobierno de Fujimori en Perú es un ejemplo claro de una dictadura en democracia, durante la cual se produjo la disolución del Congreso en 1992, que le permitió a Fujimori neutralizar a sus opositores.

¿Podría interpretarse que El Salvador se dirige y está alcanzando este tipo de regímenes? La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional durante la primera sesión del Parlamento de mayoría oficialista constituye una evidencia clara hacia el rumbo mencionado. Este tipo de líderes autocráticos llegan al poder mediante mecanismos de elección democrática, pero una vez en el poder, logran engranar un esquema político que acorrala a opositores y detractores por no coincidir con sus puntos de vista y decisiones. Por consiguiente, fulmina el sistema de pesos y contrapesos requerido para el desarrollo de una democracia con una oposición que fiscalice y halle un balance hacia la protección de los derechos y libertades individuales. Los hechos del 1 de mayo le abren la puerta a Bukele para gobernar sin control político y sin rendición de cuentas. 

La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional durante la primera sesión del Parlamento de mayoría oficialista constituye una evidencia clara de la deriva autoritaria que ha adoptado el presidente Bukele.

¿Qué tan lejos quiere llegar Bukele? La impresión que brinda es que desea ir bastante lejos, con consecuencias muy negativas para la democracia salvadoreña. Se corre el riesgo de haber entregado un cheque en blanco hacia un régimen autoritario, que derive en una dictadura disfrazada y establecida mediante los mecanismos que ofrece el modelo democrático, pero que con el transcurrir el tiempo, logró alcanzar un régimen de autoritarismo competitivo. 

Se corre el riesgo de haber entregado un cheque en blanco hacia un régimen autoritario, que derive en una dictadura disfrazada.

De esta forma, se pueden vislumbrar dos escenarios políticos en El Salvador. En el primero, el gobierno sufriría un desgaste político con el transcurrir del tiempo, que sirva como caldo de cultivo para que la oposición logre retomar un mayor poder y un balance en la toma de decisiones políticas. Este escenario no se vislumbra probable en el corto plazo, y cada vez se observa más lejano en el mediano plazo, y dependerá de manera clave del apoyo popular que se refleje en los resultados de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales, agendadas para 2024.

En un segundo escenario, el protagonismo político de Bukele será cada vez mayor, lo cual garantizaría su puesto como presidente por tiempo indefinido. Claro está, el partido gobernante puede continuar utilizando los mecanismos de elección popular que brinda la democracia. Sin embargo, sin una oposición latente que brinde un balance y una efectiva separación de poderes, el cheque en blanco continuará disponible para facultar la prolongación del poder de manera indeterminada. 

Ante esta perspectiva, hay que considerar otras variables trascendentales en el desarrollo del escenario político de un país. El primero es la evolución que vaya a experimentar el respaldo popular hacia el partido gobernante, y hacia la figura del presidente Bukele. En ello existe una fuerte correlación entre la percepción del electorado de un efectivo restablecimiento de las condiciones económicas ante la irrupción generada por la pandemia, incluyendo las oportunidades de empleo. El segundo punto está relacionado con la gestión que el gobierno realice ante la grave situación fiscal del país, y cómo ello podría tarde o temprano limitar la ejecución de programas sociales que permitan a la población atender necesidades inmediatas y mejorar su condición socioeconómica.

Aquí hay que considerar otras variables trascendentales en el desarrollo del escenario político de un país, por ejemplo la evolución que vaya a experimentar el respaldo popular hacia el partido gobernante y hacia la figura del presidente Bukele.

En tercer lugar, se encuentra la posición que vayan a tomar la comunidad internacional, en caso de que el ejercicio de una democracia inclusiva se pierda y se violen los procesos democráticos fundamentales. En particular, el rol que vaya a tomar Estados Unidos, como principal aliado económico y político. Por ejemplo, si el ofrecimiento de cooperación en materia de financiamiento para el desarrollo se condiciona a la práctica plena de la vida democrática en El Salvador, con un respeto hacia las fuerzas opositoras. 

La comunidad internacional también jugará un rol en caso de que el ejercicio de una democracia inclusiva se pierda. En particular los Estados Unidos como el principal aliado económico y político de El Salvador.

De momento, los hechos respaldan una consolidación del autoritarismo competitivo, y con ello, la posibilidad de que Bukele se aferre en el poder continuamente, con las implicaciones que esto acarrea en términos del respeto (o la ausencia de) al sistema democrático. Sin embargo, la estrecha correlación entre la situación socioeconómica de un país y el respaldo político hacia un gobernante es un aspecto clave a considerar para prever su estabilidad y prolongación en el poder, factor que aplica de igual manera a gobiernos democráticos como autoritarios. Lo anterior, ligado al rol que ejerza la comunidad internacional como fiscalizador. Para verdades el tiempo.