Uno de los objetivos de la transición democrática mexicana (1977-1996) fue quitarle facultades, formales e informales, al poder ejecutivo. Entre ellas nombrar al alcalde de la Ciudad de México, o regente como se le conocía. Ha pasado un cuarto de siglo desde entonces, y hoy vemos que nuestras ansias democráticas y autonomistas trajeron consecuencias negativas para la gobernabilidad de la ciudad. Pero vayamos por partes.

Uno de los objetivos de la transición democrática mexicana (1977-1996) fue quitarle poderes, formales e informales, al poder ejecutivo. Entre ellos nombrar al alcalde de la Ciudad de México.

Bajo el régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1929-2000), la presidencia mexicana era extremadamente fuerte. Tanto así que el historiador Enrique Krauze la calificó de “Presidencia Imperial” en su libro homónimo sobre el periodo publicado en 1998. Eran los tiempos en que la Ciudad de México estaba constituida administrativamente en el Departamento del Distrito Federal, el siempre bien recordado México DF, y era dirigido por un funcionario designado por el presidente en turno.

Eran los tiempos en que la Ciudad de México estaba constituida administrativamente en el Departamento del Distrito Federal, el siempre bien recordado México DF.

Siendo la Ciudad de México la mayor ciudad del país —y del mundo, para tal caso— se podrán imaginar queridos lectores que la oficina del regente era de gran importancia política. Da cuenta de ello que la ocuparon pesos pesados del PRI como Manuel Camacho Solís (1999-1993), Ramón Aguirre Velázquez (1982-1988), o Carlos Hank González (1976-1982) por citar sólo algunos. Todos ellos políticos muy encumbrados del partido.

Siendo la Ciudad de México la mayor ciudad del país —y del mundo, para tal caso— se podrán imaginar queridos lectores que la oficina del regente era de gran importancia política.

La importancia del cargo no menguó con la reforma electoral de 1996 que dispuso que sería de elección popular. El primer regente o Jefe de Gobierno del DF como se le rebautizó, elegido por voto popular fue Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones intermedias de 1997. Ironías de la vida, Cárdenas era también otro miembro de cepa de la “familia revolucionaria” del PRI.

La importancia del cargo no menguó con la reforma electoral de 1996 que dispuso que el cargo sería de elección popular.

Casi un cuarto de siglo después de aquella elección, los capitalinos nos damos cuenta que la autonomía política que tanto anhelábamos tuvo consecuencias indeseadas. La más nefasta fue haber convertido a la oficina de gobierno de la ciudad en un teatro de intrigas políticas. Ello debido al enorme peso económico, político, y demográfico de la ciudad, que le ubicó como la antesala natural a la presidencia de México. Juzgue usted si no: cuatro de los cinco jefes de gobierno electos han utilizado la oficina, sin ambages o escrúpulo alguno, como trampolín político.

Casi un cuarto de siglo después de aquella elección, los capitalinos nos damos cuenta que la autonomía política que tanto anhelábamos tuvo consecuencias indeseadas. La más nefasta fue haber convertido a la oficina de gobierno en un trampolín político a la presidencia.

Así fue con Cárdenas, quien no habiendo cumplido ni dos años en el puesto renunció a él para contender sin éxito por la presidencia en las elecciones de 2000. De Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni se diga: desde el día primero de su administración utilizó los reflectores y los recursos de la oficina para posicionarse políticamente con miras a la presidencia. Marcelo Ebrard la misma historia aunque algo más discreto. Y ahora Claudia Sheinbaum avanza sobre los mismos pasos.

El resultado es que el gobierno de la ciudad opera bajo la lógica de la campaña política permanente. Dependiendo de qué partido esté en el gobierno federal, los capitalinos podemos esperar que nuestro jefe de gobierno reaccione de tal o cual forma. Si se trata de políticos de partido distinto, lo que hay son pleitos, acusaciones, falta de cooperación, e indiferencia. Si se trata del mismo partido, como ahora con AMLO y Sheinbaum, lo que hay es sumisión frente al gobierno federal.

El resultado es que el gobierno de la ciudad opera bajo la lógica de la campaña política permanente.

Con toda la buena intención que se tenía en 1996, lo cierto es que la autonomía administrativa trajo varios frutos podridos a la ciudad. ¡Y aún hoy hay ilusos que sugieren transformarla en el estado 32 de la república! Como si más autonomía administrativa por sí misma nos fuera a resolver los graves problemas que se viven en la ciudad como la inseguridad, la contaminación, el tráfico, los baches, las inundaciones, etc.

Con toda la buena intención que se tenía en 1996, lo cierto es que la autonomía administrativa trajo varios frutos podridos a la ciudad.

Es demasiado tarde (y quizá indeseable) convertir a la ciudad otra vez en un departamento administrativo de la federación. La solución tampoco pasa por facilitar la remoción del jefe de gobierno por parte del presidente como se pensó en un inicio. Viendo el sainete que fue el proceso de remoción de AMLO en 2005, queda claro que esa opción es indeseable. 

Pero lo que sí debemos pensar es en mecanismos flexibles que permitan compartir la jurisdicción entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. El objetivo sería consolidar bajo un sólo mando ciertas funciones que ahora mismo se duplican, por ejemplo la seguridad pública y las políticas de salud. De no crear estos mecanismos que alineen los intereses, recursos, y objetivos de ambos niveles de gobierno, las intrigas políticas seguirán marcando la vida pública de la ciudad para perjuicio de los capitalinos.