Honduras es un paradigma en América Latina en términos de debilidad institucional. Esto es evidente en la incapacidad del Estado para proveer servicios básicos a la población y garantizar una elemental estabilidad política. ¿Qué pasará si no se atiende la debilidad crónica del Estado hondureño? Los Estados también mueren, o pueden terminar en experimentos sociales fallidos. ¿Es esta una posibilidad real para Honduras y para otros países latinoamericanos?

Los orígenes de la inestabilidad política y de la falta de consolidación de la democracia hondureña se remontan a sus primeras décadas de existencia como Estado. Primero dentro de la fallida Federación Centroamericana, seguida por rivalidades entre conservadores y liberales durante el siglo XIX y la injerencia de países vecinos en la política interna. El siglo XX fue testigo de un esquema bipartidista liderado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, pero también fue marcado por luchas fratricidas y la injerencia de los militares en asuntos civiles. 

Los orígenes de la inestabilidad política y de la falta de consolidación de la democracia hondureña se remontan a sus primeras décadas de existencia como Estado.

Luego, a pesar de la relativa estabilidad democrática de Honduras entre la década de los ochenta —la cual contrasta con el entorno políticamente frágil en algunos países centroamericanos—, y la primera década del siglo XXI, el golpe de Estado de Zelaya en 2009 puso de manifiesto el “cascarón vacío” de la aparente estabilidad que experimentó el país durante poco más de 25 años. Si bien Honduras mantuvo gobiernos elegidos democráticamente en este periodo, la democracia no fue un mecanismo facilitador del ascenso social, al no consolidar un orden social que permitiese aumentar la calidad de vida de sus habitantes. 

De esta forma, el golpe de Estado de 2009 fue el resultado de las divisiones internas y un modelo híbrido de elementos democráticos y autocráticos, reflejados en el activo rol de las fuerzas armadas y de grupos de poder, de anteponer su influencia sobre la estabilidad democrática. Las pandemias y los fenómenos naturales —huracanes, inundaciones— han agudizado una problemática social derivada de una débil institucionalidad, incapaz, por ejemplo, de recaudar y administrar los recursos, invertirlos en servicios públicos de calidad y generar rendición de cuentas. 

El golpe de Estado de 2009 fue el resultado de las divisiones internas y un modelo híbrido de elementos democráticos y autocráticos.

¿Qué se debe hacer ante esta situación? Es un escenario muy complicado pero un aspecto urgente a atender es el quehacer legislativo. En particular, crear las leyes y mecanismos que permitan mejorar la administración del presupuesto nacional. Y ojo: esto no sólo atañe a Honduras, ni siquiera a Centroamérica. La incapacidad administrativa es un problema común a los países latinoamericanos.

En este sentido, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en su análisis y recomendaciones al Proyecto de Presupuesto General de la República de Honduras para el Ejercicio Fiscal 2021, recomienda establecer medidas que permitan el aumento de los ingresos públicos, y corregir las estructuras tributarias regresivas que actualmente imperan, las cuales afectan en mayor medida a la población de menores recursos. Otra opción para incrementar los ingresos fiscales consiste en diseñar e implementar medidas que ataquen los elevados niveles de evasión, contrabando y defraudación aduanera que actualmente imperan. Por su parte, es preciso generar espacios de mayor transparencia, que le permitan a la sociedad civil participar e incidir en las etapas del ciclo presupuestario. 

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) recomienda establecer medidas que permitan el aumento de los ingresos públicos.

Al efecto, ParlAmericas, institución que promueve la diplomacia parlamentaria en las Américas y el Caribe, propone un kit de herramientas para los parlamentarios de la región, con el propósito de fortalecer la apertura fiscal, las buenas prácticas en transparencia, la rendición de cuentas y la participación pública durante el ciclo presupuestario. La utilización de este kit evitaría prácticas parlamentarias no deseables que se aplican de continuo en el congreso hondureño: por ejemplo, de acuerdo con ICEFI, la no discusión de los proyectos del presupuesto nacional por parte del Congreso se convirtió en una práctica usual. 

Otro elemento para promover un Estado con capacidad administrativa consiste en la elaboración de presupuestos por resultados, como modelo de administración de recursos públicos centrado en el cumplimiento de acciones estratégicas circunscritas en planes de gobierno. El modelo de gestión para resultados en el desarrollo permite evaluar en forma integral la ejecución del gasto público, y tiene la virtud de jerarquizar los problemas a ser enfrentados. Permite además identificar las principales características de los programas de política pública y hallar debilidades en la gestión.

Otro elemento para promover un Estado hondureño con capacidad administrativa consiste en la elaboración de presupuestos por resultados que permita evaluar la ejecución del gasto público.

Las circunstancias experimentadas en 2020 refuerzan la urgencia de llevar a cabo un cambio de rumbo hacia medidas para desarrollar la competencia administrativa del Estado, incluyendo mayor transparencia y planificación presupuestaria. Si no se adoptan los ajustes pertinentes, la estructura política y social continuará siendo quebrantada, y se podría alcanzar un punto de “no retorno”, en donde no exista ni la capacidad del Estado, ni el interés político, para volver hacia una senda que promueva la estabilidad democrática y política. ¿Se estará creando el caldo de cultivo para una tormenta perfecta que derive en una guerra civil? ¿Se encontrará la democracia hondureña verdaderamente amenazada? ¿La migración hacia los Estados Unidos mostrará una tendencia alcista en los próximos meses y años, derivada de la situación descrita? ¿La consolidación de bases militares estadounidenses promoverá una militarización del país?

Si no se adoptan los ajustes pertinentes, la estructura política y social en Honduras continuará siendo quebrantada, y se podría alcanzar un punto de “no retorno”.

Todavía se está a tiempo para corregir el rumbo, y es de sumo interés que se retome, a la mayor brevedad, la dirección hacia la estabilidad política con solidez de una democracia participativa, basada en un desarrollo inclusivo. Esto requiere brindar respuestas a las necesidades y el descontento de la población, en lugar de propiciar tendencias autoritarias; lo primero a la luz de la adopción de buenas prácticas de política pública.

Otro escenario, ahora mismo más probable si no se reforma la gestión pública, es volver a una crisis como en los ochentas que nadie desea.