El 30 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU votaba por unanimidad la renovación por un año, hasta el 30 de abril de 2011, del Mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Con ello se mantiene el statu quo vigente desde 1991 hasta la fecha y la Organización universal asume, de facto, su incapacidad para resolver un conflicto antiguo y aparentemente irresoluble, al menos en lo que a lo establecido por la ONU respecta. Recordemos cómo la dimisión de James Baker III, en junio de 2004, de su puesto de Enviado Especial del Secretario General de la ONU para este conflicto, tras ingentes esfuerzos hechos por este mediador de talla y con gran carisma, demostraba lo difícil de la tarea.

Tras el Informe preparado por el llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, y que incluye a España, los EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia, y tras el Informe preparado por el propio Secretario General, Ban ki Moon, y sin incluir ninguno nada novedoso, el órgano ejecutivo de la ONU optaba por lo más fácil: renovar el Mandato, es decir, retrasar en el tiempo aquello que no se es capaz de resolver. Decimos nada novedoso porque ni se ampliaba el Mandato de la MINURSO a la supervisión de los derechos humanos en la antigua colonia española, como algunos pretendían, ni se hablaba de la celebración del prometido referéndum de autodeterminación, ni se posiciona con respecto al plan de autonomía presentado por Marruecos. Hecho público el 11 de abril de 2007 el plan marroquí pretende confirmar la situación de facto de su ocupación del Sáhara Occidental. Bien recibida e incluso apoyada claramente por Francia, esta iniciativa comienza a atraer o los otros Estados occidentales involucrados en el asunto pero no así a Argelia ni por supuesto al Frente Polisario.

Marruecos ha pretendido que este fuera desde 2007 el único punto en el orden del día de sus reuniones con la ONU, con el Grupo de Amigos citado o con el propio Polisario, con Argelia y con Mauritania en las reuniones mantenidas en suelo estadounidense. Argumenta además Rabat que en su plan de autonomía se consultará además a la población del territorio, queriendo con ello desterrar para siempre la idea de un referéndum. Sería por supuesto una consulta sectorial, confirmatoria de la marroquinidad del Sáhara y en el contexto de una autonomía muy limitada.

Mientras todo esto ocurre el conflicto no resuelto del Sáhara Occidental sigue siendo algo marginal a los ojos de la Comunidad Internacional, pero tiene y seguirá teniendo un impacto negativo en el contexto subregional en el que se ubica. Aunque Marruecos se siente apoyado por sus principales socios occidentales y los buenos resultados económicos del último año le permiten ocultar los costes que para la economía nacional implica, la ocupación de este territorio entorpece cualquier avance en términos de integración regional. También conlleva desafíos internos, como la huelga de hambre de seis presos saharauis encarcelados en cárceles marroquíes que exigen ser juzgados y cuya situación provoca protestas dentro y fuera del Reino, incluso entre los saharauis que han acabado aceptando la fórmula marroquí de la autonomía. Por todo ello es importante considerar a este conflicto como una asignatura pendiente, que pone en entredicho el normal funcionamiento de la Comunidad Internacional junto con los sacrificios humanos y materiales que ha conllevado y que conlleva.

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