Consultas y más consultas

September 26, 2014     
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El fin del estío nos trajo noticias relacionadas con consultas ciudadanas en distintos países. La que recibió mayor cobertura mediática fue la escocesa, en la cual sus ciudadanos decidieron permanecer en el Reino Unido. En paralelo, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, nos tuvo en suspenso con sus anhelos independentistas. Mientras tanto en México el PRI anunció que consultará a los ciudadanos sobre la convenciencia de reducir el número de legisladores, el PAN si quieren un salario digno (¿habrá quien no quiera?), y el PRD para revertir la reforma energética.
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Las promotores de este tipo de consultas esgrimen en favor de ellas que se trata de un ejercicio de democracia. Es un argumento que de cierto modo reelabora aquel fetiche de que “la voz del pueblo es la voz de Dios.” Así, al elevar el carácter democrático de las consultas por encima de cualquier otra consideración (incluso de su propia legalidad como en el caso de la catalana) este tipo de ejercicios presentan dos limitaciones. La primera es que a través de una consulta se pueden arrebatar los derechos de las minorías, lo cual es sujeto a ser recurrido ante un tribunal. Por ejemplo, en el caso de la consulta escocesa si el resultado hubiese favorecido a los independentistas no queda claro si sería legal quitarles la ciudadanía británica a la otra mitad de los escoceses. Igual en España: ¿sería legal despojar de la ciudadanía española y todas las prerrogativas que conlleva (UE, Schengen, VWP, Erasmus) a los residentes de Cataluña porque una mayoría así lo decide? Los procedimientos parecen democráticos, la legalidad endeble.
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La segunda limitación es que las consultas pueden guiarse por cauces legales pero llegar a puertos antidemocráticos. En el caso de México la nueva Ley de Consulta Popular determina que para empezar una consulta se necesita tan sólo el 2% de las firmas de los electores registrados. Una fracción risible. Y peor aún: establece que el resultado de la consulta es vinculante si el 40% del padrón participa. Es decir que con tan sólo 20% más uno de los electores se puede echar para abajo una ley votada por el Congreso, cuyos miembros por lo general son elegidos con una participación electoral cercana al 70%. En este caso la consulta goza de menos legitimidad democrática, pero sus promotores salvan la cara cumpliendo con las formalidades de la ley.
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Las elecciones generales se llaman así porque en ellas decidimos (indirectamente) sobre muchos temas. Así se hace porque los ciudadanos no podemos ser consultados sobre cada punto de la agenda nacional. La democracia no es absoluta, y sin ley detrás de ella es mera demagogia (y de la peligrosa).
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Caveat lector: The opinions expressed in this blog are strictly personal, and do not necessarily reflect the views of Global Brief.
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